miércoles, 15 de marzo de 2017

Apoyamos está nota de prensa: Las asociaciones ambientales responden a la Consejera de Agricultura y exigen a la Junta una rectificación en la gestión de los topillos




Las asociaciones ambientales del Programa Antídoto califican de carentes  de toda veracidad las declaraciones del cuatro de marzo pasado de la Consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, en las que acusa a los grupos ecologistas de haber realizado “presiones judiciales” en el tema de los topillos.  

Esta afirmación, sin aportar prueba alguna, resulta especialmente  grave  al venir  de una persona que ostenta responsabilidad en un cargo de Gobierno. Las ONG aclaran que se limitan a ejercer su  derecho a recurrir a los Tribunales ya que las administraciones no escuchan sus peticiones y siguen insistiendo en usar el veneno y las quemas aunque no sea necesario y sea incluso contraproducente.
Obviamente la  Consejera ha demostrado no entender que los ciudadanos y las asociaciones legalmente constituidas puedan ejercer sus derechos legales, y que entre las formas de actuar de las ONG no está la de presionar a los Tribunales. 

La Consejera también ha afirmado que  la declaración de plaga de topillos se basa en estudios rigurosos, sin embargo para las ONGs el informe pericial enviado por la Junta al Tribunal Superior de Justicia  y que éste ha tenido en cuenta para desestimar  la paralización cautelar del reparto de veneno,  no refleja la  realidad, continúa ocultando información precisa sobre los procedimientos que usa la JCYL para determinar cuando hay que actuar y no contesta a distintos aspectos clave de nuestra demanda. El informe de la Junta trata de convencer de la existencia de un riesgo catastrófico en las cosechas que no existe y que no ha existido nunca, no solo en Castilla y León, sino tampoco en los países de Europa donde las plagas de topillos son más fuertes y recurrentes desde hace décadas. La Junta incluso habla de daños causados por esta especie en cultivos donde no se han registrado nunca científicamente, usando bibliografía internacional que en realidad demuestra que esta especie solo causa daños de importancia económica relevante  en la alfalfa, ni siquiera en cereal.

La Junta tampoco es capaz de aportar datos que muestren que estamos en situación poblacional de plaga, Según los mapas de riesgo de la Junta, entre 2014 y 2016 solo ha habido riesgo alto para los cultivos de cereal en el verano de 2016, cuando paradójicamente,  en 2016 no ha habido ni una sola reclamación por daños de topillos, al contrario, ha habido una cosecha muy satisfactoria. Todo esto genera muy serias dudas  sobre  los criterios que está siguiendo realmente la JCYL para declarar que se necesita  poner  veneno.  Su afán por continuar ocultando información al respecto tampoco nos resulta nada tranquilizador y las declaraciones recientes de asociaciones de agricultores reconociendo que la actividad de los topillos se ha  reducido en el área más conflictiva (Tierra de Campos de Valladolid y Palencia) también muestran  que de nuevo se está cometiendo el mismo error de estos años atrás, es decir poner veneno cuando las poblaciones de roedores ya están reduciéndose por sí mismas. 

Afortunadamente, son cada más los agricultores responsables que no están usando el veneno en la medida que había calculado la JCYL. Las ONGs felicitan a estos agricultores por ello.

Por último, pero no menos importante, la Junta en su contestación al Tribunal Superior de Justicia tampoco responde a la pregunta clave de por qué sigue empleando un veneno tan peligroso y persistente como la bromadiolona, excluido del registro de productos fitosanitarios de Ministerio (MAPAMA), y para el que se ha otorgado autorización excepcional de uso, cuando existe autorizado un producto mucho menos peligroso. Para las ONG la respuesta es clara, la Junta  todavía tiene stocks de las toneladas de bromadiolona almacenadas en 2013  que solo fueron en parte utilizadas y por tanto está primando la cicatería  sobre la conservación del patrimonio natural de los ciudadanos de Castilla y León.

El movimiento ecologista continuará luchando por que Castilla y León se parezca a un país avanzado como Alemania, donde teniendo plagas de topillos recurrentes desde hace décadas, se ha prohibido hace ya años el uso de rodenticidas anticoagulantes  como fitosanitarios agrícolas por los riesgos que suponen para la fauna y el medio ambiente. En este sentido, y ante la aprobación de una orden que amplía en el espacio y en el tiempo el uso de rodenticidas, el programa Antidoto trabaja ya en ampliar sus demandas.