Apoyamos está nota de prensa: Las asociaciones ambientales responden a la Consejera de Agricultura y exigen a la Junta una rectificación en la gestión de los topillos
Las asociaciones ambientales del Programa Antídoto califican de
carentes de toda veracidad las declaraciones del cuatro de marzo pasado
de la Consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos,
en las que acusa a los grupos ecologistas de haber realizado “presiones
judiciales” en el tema de los topillos.
Esta afirmación, sin aportar prueba alguna, resulta especialmente
grave al venir de una persona que ostenta responsabilidad en un
cargo de Gobierno. Las ONG aclaran que se limitan a ejercer su derecho a
recurrir a los Tribunales ya que las administraciones no escuchan sus
peticiones y siguen insistiendo en usar el veneno y las quemas aunque no sea
necesario y sea incluso contraproducente.
Obviamente la Consejera ha demostrado no entender que los
ciudadanos y las asociaciones legalmente constituidas puedan ejercer sus
derechos legales, y que entre las formas de actuar de las ONG no está la de
presionar a los Tribunales.
La Consejera también ha afirmado que la declaración de plaga de
topillos se basa en estudios rigurosos, sin embargo para las ONGs el informe
pericial enviado por la Junta al Tribunal Superior de Justicia y que éste
ha tenido en cuenta para desestimar la paralización cautelar del reparto
de veneno, no refleja la realidad, continúa ocultando información
precisa sobre los procedimientos que usa la JCYL para determinar cuando hay que
actuar y no contesta a distintos aspectos clave de nuestra demanda. El informe
de la Junta trata de convencer de la existencia de un riesgo catastrófico en
las cosechas que no existe y que no ha existido nunca, no solo en Castilla y
León, sino tampoco en los países de Europa donde las plagas de topillos son más
fuertes y recurrentes desde hace décadas. La Junta incluso habla de daños
causados por esta especie en cultivos donde no se han registrado nunca
científicamente, usando bibliografía internacional que en realidad demuestra
que esta especie solo causa daños de importancia económica relevante en
la alfalfa, ni siquiera en cereal.
La Junta tampoco es capaz de aportar datos que muestren que estamos en
situación poblacional de plaga, Según los mapas de riesgo de la Junta, entre
2014 y 2016 solo ha habido riesgo alto para los cultivos de cereal en el verano
de 2016, cuando paradójicamente, en 2016 no ha habido ni una sola reclamación
por daños de topillos, al contrario, ha habido una cosecha muy satisfactoria.
Todo esto genera muy serias dudas sobre los criterios que está
siguiendo realmente la JCYL para declarar que se necesita poner
veneno. Su afán por continuar ocultando información al respecto tampoco
nos resulta nada tranquilizador y las declaraciones recientes de asociaciones
de agricultores reconociendo que la actividad de los topillos se ha
reducido en el área más conflictiva (Tierra de Campos de Valladolid y Palencia)
también muestran que de nuevo se está cometiendo el mismo error de estos
años atrás, es decir poner veneno cuando las poblaciones de roedores ya están
reduciéndose por sí mismas.
Afortunadamente, son cada más los agricultores responsables que no están
usando el veneno en la medida que había calculado la JCYL. Las ONGs felicitan a
estos agricultores por ello.
Por último, pero no menos importante, la Junta en su contestación al
Tribunal Superior de Justicia tampoco responde a la pregunta clave de por qué
sigue empleando un veneno tan peligroso y persistente como la bromadiolona,
excluido del registro de productos fitosanitarios de Ministerio (MAPAMA), y
para el que se ha otorgado autorización excepcional de uso, cuando existe
autorizado un producto mucho menos peligroso. Para las ONG la respuesta es
clara, la Junta todavía tiene stocks de las toneladas de bromadiolona
almacenadas en 2013 que solo fueron en parte utilizadas y por tanto está
primando la cicatería sobre la conservación del patrimonio natural de los
ciudadanos de Castilla y León.
El movimiento ecologista continuará luchando por que Castilla y León se
parezca a un país avanzado como Alemania, donde teniendo plagas de topillos
recurrentes desde hace décadas, se ha prohibido hace ya años el uso de
rodenticidas anticoagulantes como fitosanitarios agrícolas por los
riesgos que suponen para la fauna y el medio ambiente. En este sentido, y ante
la aprobación de una orden que amplía en el espacio y en el tiempo el uso de
rodenticidas, el programa Antidoto trabaja ya en ampliar sus demandas.
